La protección laboral es una garantía esencial para los trabajadores, y España es un país que dispone de diversas normativas y mecanismos para velar por su cumplimiento. Los trabajadores disponen de una serie de derechos inquebrantables, independientemente de su procedencia u origen. Por tanto, los trabajadores extranjeros disponen de los mismos derechos laborales que los españoles, gracias al principio de igualdad frente a la ley.
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Los derechos de los trabajadores extranjeros
Lo primero que ha de tenerse en cuenta es que ni el Estatuto de los Trabajadores ni los Convenios Colectivos ni la Ley General de la Seguridad Social estipulan distinción alguna entre trabajadores españoles y extranjeros. Solo hay una excepción al determinarse la obligatoriedad de disponer de permiso de residencia y de trabajo para los extranjeros provenientes de países que no pertenecen a la Unión Europea, los comúnmente conocidos como “no comunitarios”, y que pretendan trabajar por cuenta ajena.
¿Qué dice la Ley de Extranjería?
La Ley de Extranjería estipula en su artículo 3.1 que “los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con los españoles”. Y en otros artículos se reconoce su libertad de sindicación y huelga, su derecho a la asistencia sanitaria, así como a la Seguridad Social y otros servicios sociales en las mismas condiciones que los residentes nacionales.
¿Qué pasa cuando una persona "no tiene papeles"?
Cuando una persona migrante que trabaja en España no cuenta con los permisos de residencia ni trabajo, no significa que no tenga ningún derecho laboral. De hecho, tiene los mismos que cualquier trabajador.
Lo que ocurre es que, al no estar reconocida oficialmente esta relación laboral, no se pueden ofrecer garantías legales sobre las condiciones del trabajo. Sin embargo, esa relación laboral existe y, por consiguiente, si el empleado denuncia su situación tendrá derecho a reclamar al empleador los salarios que se le deban, las cotizaciones a la Seguridad Social, las indemnizaciones…
Por supuesto, para hacer efectivos estos derechos, la persona afectada deberá probar en un juicio que percibía un salario por realizar una determinada labor, que contaba con unos horarios y que estaba a las órdenes de su empleador, entre otros aspectos.
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