El sector agrícola en España, así como en el resto de la Unión Europea (UE), se enfrenta a un cambio importante en cuanto a la cultura de la prevención de riesgos laborales con la entrada en vigor de la Política Agraria Común (PAC) en 2023. La PAC incluye la "condicionalidad social" de las subvenciones, que vinculan el cobro de las ayudas al cumplimiento de una lista de normas.
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¿Qué es la PAC?
Establecida en 1962, la Política Agrícola Común (PAC) es una de las políticas más antiguas y reconocidas de la UE y tiene como objetivo fomentar la producción agrícola, garantizar la seguridad alimentaria, mejorar la competitividad de la agricultura europea y proteger el medio ambiente.
La PAC se compone de dos pilares: el primer pilar proporciona ayuda directa a los agricultores en forma de subsidios, mientras que el segundo pilar se centra en el desarrollo rural y la protección del medio ambiente. Además de los subsidios, la PAC también establece normas y regulaciones.
La ‘condicionalidad social’ de las subvenciones
La condicionalidad social de la PAC es una oportunidad para que el sector agrícola adopte una nueva cultura de la prevención de riesgos laborales. Esta implica que los agricultores incluyan la seguridad laboral en su lista de prioridades y conozcan con mayor profundidad sus obligaciones hacia sus empleados, así como hacia ellos mismos en términos de protección laboral.
Para asegurarse de cumplir con las exigencias de la PAC, los agricultores y empresas agrícolas deben conocer con detalle la normativa y los requisitos exigidos, y tomar medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de sus trabajadores. Esto puede incluir la contratación de servicios de prevención, la formación y capacitación de los trabajadores, y la implementación de medidas para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral.
Concretamente, la condicionalidad social de la PAC exige una serie de medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores en el sector agrícola, incluidas la obligación de:
- Facilitar un contrato escrito y las condiciones de trabajo.
- La garantía de seguridad para los empleados.
- La provisión de servicios de prevención.
- La información a los trabajadores sobre los riesgos laborales.
- Garantizar equipos de trabajo adecuados, ergonomía.
- La limitación del uso de equipaciones peligrosas.
¿Cómo se aplica en España?
En España, según la Encuesta de Población Activa, la agricultura emplea a 752.200 trabajadores, y en 2022 experimentó un decremento de 86.900 empleados y una disminución del 9,6% en el desempleo.
Aunque se han implementado medidas para minimizar los peligros en la industria agrícola española, como ajustar los horarios de cosecha a los períodos más frescos del día, España, a diferencia de la UE, ha decidido anticipar en un año la condicionalidad social obligatoria de la Política Agrícola Común, tal como se especifica en su plan estratégico nacional.
Por lo tanto, en España esta condición social será obligatoria a partir de 2024, mientras que en el resto de la UE será obligatoria en 2025.
Sanciones
Las sanciones por incumplimiento de las normas laborales previstas por la PAC aumentarán en función del número de trabajadores afectados y la reincidencia, de acuerdo con la Federación Europea de Sindicatos de la Alimentación, Agricultura y Turismo (EFFAT).
Las disminuciones serán en general del 3% del total de subvenciones a las que la empresa tenga derecho en el año en cuestión, debido a la severidad, amplitud y duración de la infracción.
Sin embargo, estas pueden ser más elevadas en casos de reincidencia o incluso alcanzar el 100 % en casos de intencionalidad de las infracciones, incluyendo las relacionadas con los requisitos medioambientales.
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