Preguntas frecuentes

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El empresario tiene obligación de comunicar las bajas tanto de Accidente de Trabajo como de Enfermedad Profesional a la autoridad laboral. Es necesario que, además, se comunique a su Servicio de Prevención para poder realizar las actuaciones que correspondan de cara a prevenir nuevos casos.

Tras la comunicación por parte de la trabajadora, la empresa contactará con el responsable de Salud Laboral quién valorará si ocupa un puesto exento de riesgo o no. Si ocupa un puesto exento de riesgo puede continuar en su puesto de trabajo. En el caso de que la trabajadora ocupe un puesto no exento de riesgo, se debe adaptar o cambiar de puesto de trabajo y, si no resulta técnica u objetivamente posible, puede solicitarse la prestación por riesgo.

Son obligatorios, según el artículo 196 de la Ley General de la Seguridad cuando exista riesgo de enfermedad profesional. Además, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece en el artículo 22 que la Salud Laboral a través de los Reconocimientos Médicos sólo podrá realizarse, por regla general, cuando el trabajador preste su consentimiento. Sin embargo, existen excepciones a ese principio de libre determinación del sujeto, configurándose supuestos de obligatoriedad. Según el Art. 197 LGSS el incumplimiento por parte de la empresa, la constituirá en responsable directa de todas las prestaciones que puedan derivarse.

La PRL configura la Salud Laboral como una obligación del empresario y un derecho del trabajador, sin embargo, en el caso de las enfermedades profesionales, la Ley General de Seguridad Social refiere en su artículo 243 que los reconocimientos médicos, son obligatorios para el trabajador. Su incumplimiento se tipifica como una infracción grave cuya cuantía oscila de 2.046 a 40.985 euros y si se trata de puestos con riesgo de enfermedad profesional, además, la empresa se constituirá como responsable directa.

Con carácter general el art. 20 de la L.P.R.L. obliga a todas las empresas a:

• Analizar las posibles situaciones de emergencia.
• Adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.
• Designar para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobar periódicamente su correcto funcionamiento. Dicho personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado.
• Organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que se garantice la rapidez y eficacia de las mismas.

El empresario deberá tener en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma.

La planificación de la actividad preventiva ha de incluir las medidas a adoptar, los plazos y los responsables de la adopción de dichas medidas. La prioridad de adopción de estas medidas preventivas se planificará siguiendo los siguientes criterios: la gravedad de los riesgos y el número de trabajadores expuestos a los riesgos. Si el periodo de planificación es superior a un año se tendrá que establecer un programa anual de actividades.

El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de cualquier decisión referida a las siguientes materias:

• La planificación y organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías.
• La organización y el desarrollo de las actividades de prevención de la empresa.
• La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
• Los procedimientos para proporcionar a los trabajadores la información necesaria sobre prevención de riesgos laborales.
• Los procedimientos relativos a la obtención, tratamiento y conservación de la documentación en materia de prevención.
• El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva: duración, contenido, momento, personas que deberán impartirla, etc.

El artículo 16.2 a) de la LPRL señala que la evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.

Según el procedimiento descrito en el artículo 5 del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP), hay unas pautas generales mínimas que deben ser respetadas en cualquier evaluación de riesgos: Obtener información sobre:

• Organización, características y complejidad del trabajo.
• Materias primas y equipos de trabajo existentes en la empresa.
• Estado de salud de los trabajadores.

Analizar la información anterior con el objetivo de identificar:

• Qué peligros para la salud existen en esas condiciones de trabajo.
• Qué trabajadores están expuestos a dichos peligros.

Valorar el riesgo existente, para lo cual se tendrán en cuenta:

• Criterios objetivos de valoración.
• Conocimientos técnicos existentes.
• Criterios consensuados con los trabajadores.

La evaluación incluirá la realización de las mediciones, análisis o ensayos que se consideren necesarios, salvo que se trate de operaciones, actividades o procesos en los que la directa apreciación profesional acreditada permita llegar a una conclusión sin necesidad de recurrir a aquellos.

Si, el curso es bonificable a través de FUNDAE y desde MAS Prevención gestionamos la bonificación.

Si, el curso es bonificable a través de FUNDAE y desde MAS Prevención gestionamos la bonificación.

El curso comenzará el 6/07/2022 hasta el 22/07/2022.

Sí. Póngase en contacto con el Departamento de Formación a través del correo electrónico tripartito@spmas.es o el teléfono 976 30 22 53 y le ayudaremos a obtener este dato.

La propia normativa reguladora de la formación a efectos de bonificación expresamente contempla que los trabajadores acogidos a regulación de empleo participen en acciones formativas en sus períodos de suspensión de empleo por expediente autorizado.

A este tipo de ayuda podrá acceder toda empresa que durante el año anterior haya cotizado en concepto de formación profesional, o bien aquéllas de nueva creación. Podrán beneficiarse de estas ayudas mediante la aplicación de bonificaciones a la Seguridad Social, una vez realizada la formación. Los trabajadores autónomos no cotizan a la Seguridad Social en concepto de formación profesional y, por tanto, no pueden beneficiarse del sistema de bonificaciones, aunque sí los trabajadores del Régimen General pertenecientes a su empresa. Sin embargo, sí podrían en caso de acreditar que se encuentran sujetos a un plan de cotización a la Seguridad Social por formación.

Es una ayuda económica de la que disponen las empresas para realizar la formación de sus trabajadores, que se hace efectiva de manera muy sencilla mediante bonificaciones a la Seguridad Social a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Sí. El artículo 37.2 del RD 39/1997 señala que "el empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones".

Se rige por el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el RD 171/2004. Se entiende por ésta, el deber de cooperación en la aplicación de la normativa de PRL que deben prestarse las empresas cuando en un mismo centro de trabajo coincidan o se interfieran actividades de trabajadores pertenecientes a varias empresas o autónomos, existan o no relaciones jurídicas entre ellos. Para ello, las empresas y trabajadores autónomos deben informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de la actividad que desarrollan en el centro de trabajo donde interactúan.

El artículo 29 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, obliga a cada trabajador a velar por su propia seguridad y salud, usar adecuadamente máquinas, herramientas, equipos de protección y dispositivos de seguridad.

Sí. El artículo 5. b) del Estatuto del Trabajador Autónomo señala que deben de cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud laborales que la ley o los contratos que tengan suscritos les impongan, así como seguir las normas de carácter colectivo derivadas del lugar de prestación de servicios.

La normativa de PRL es aplicable a todas aquellas empresas que tengan al menos un trabajador por cuenta ajena, siendo independiente el tamaño de la empresa, de la actividad a la que se dedique o de los riesgos que genere. Es aplicable incluso, para aquellos empresarios individuales o autónomos en cuyo centro de trabajo se encuentre personal, que no formando parte de la plantilla, esté prestando servicios en su centro de trabajo (CAE). De la misma manera alcanza a socios, gerentes, directivos, etc. que se encuentren trabajando por cuenta ajena.

La vacunación frente a COVID-19 continúa siendo una piedra angular en esta nueva etapa. Se continúa trabajando para establecer las recomendaciones oportunas y su integración en los programas nacionales de vacunación.

• Nuevo marco estratégico COVID-19: Enlace
• Recomendaciones uso mascarillas: Enlace

El 5 de Mayo de 2023, el Director General de la OMS, de acuerdo con el informe del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), concluyó que la COVID-19 ya no constituye una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) y que es el momento de hacer la transición a un manejo a largo plazo de la enfermedad integrado en el control de las infecciones respiratorias agudas (IRAs). Con fecha 5 de julio se publica la Orden SND/726/2023, de 4 de julio, se declara la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Aunque la COVID-19, continúa siendo relevante para la salud pública, es pertinente la transición a una nueva estrategia de vigilancia y control sostenible e integrada en la vigilancia y prevención de las IRAs.

Tras el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19, las medidas y control, adaptadas a la situación actual, deben continuar dirigiéndose, fundamentalmente, a la población más vulnerable (centros residenciales de personas vulnerables y centros sanitarios). Guía de actuación para la prevención y el control de brotes de infecciones respiratorias agudas en centros residenciales de personas vulnerables. Con respecto a la población general, no está indicado el aislamiento de casos confirmados ni la identificación y cuarentena de contactos estrechos.